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Q1. ¿Qué es una cooperativa de crédito?

Es una  entidad de crédito,  constituida conforme a lo que establece la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, cuyo objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y de terceros mediante el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito. Se trata, además, de una entidad de crédito autorizada para captar fondos reembolsables del público, por ejemplo, en forma de depósitos. Esto significa que puede recibir dinero de socios y clientes en general, con la obligación de devolverlo en la forma pactada, y utilizarlo para conceder préstamos o créditos.

Q2. ¿Qué naturaleza tienen las cooperativas de crédito?
Tienen una naturaleza mixta que determina que, en el régimen jurídico de estas entidades de crédito, confluyan aspectos financiero-crediticios y cooperativos en los que, a su vez, inciden componentes laborales y mercantiles.

Dada su naturaleza mixta de entidades de crédito y sociedades cooperativas, en primer lugar, a todas las cooperativas de crédito españolas, sin excepción, les resulta de aplicación la legislación financiera estatal de carácter básico, esto es, la elaborada fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Competitividad (antiguo Ministerio de Economía y Hacienda)  y por el Banco de España.

Ahora bien, como sociedades cooperativas, supletoriamente les es de aplicación la legislación de cooperativas, es decir, la legislación estatal o la legislación autonómica correspondiente. Será aplicable la primera, la ley estatal, cuando el ámbito de actuación de la cooperativa de crédito estatutariamente reconocido sea supraautonómico o estatal, pero siempre que su capital social corresponda efectivamente a ese nivel territorial y realicen, en dicho ámbito, actividad cooperativizada de manera efectiva. Si no se cumplen estos requisitos debe deducirse que las cooperativas de crédito de ámbito autonómico (local, provincial o supraprovincial dentro de la misma Comunidad Autónoma), tendrán como legislación supletoria la ley de cooperativas de su respectiva Comunidad Autónoma.

Sin embargo, debe subrayarse que aunque existan cooperativas de crédito de ámbito autonómico, en sus órganos de gobierno (Asamblea General y Consejo Rector), no existe ningún tipo de representación política, por lo que en ellos no participan ni Diputados de los Parlamentos regionales ni Consejeros de los gobiernos autonómicos ni Concejales de los Ayuntamientos.

Q3. ¿Qué es una Caja Rural?
Es una Cooperativa de Crédito a la que la Ley le permite utilizar esa expresión en su denominación social, porque su objeto principal es la prestación de servicios en el medio rural.

Así, para constituir una Cooperativa de Crédito con una denominación social que incluya la expresión “Caja Rural”, además de los requisitos necesarios para la constitución de una Cooperativa de Crédito, debe cumplir que el grupo promotor incluya, al menos, una cooperativa agraria  o 50 socios personas físicas titulares de explotaciones agrarias.

En España existen otros dos tipos de Cooperativas de Crédito, las Cajas Populares y las Cajas Profesionales que actúan, respectivamente, en el ámbito de grupos empresariales y en el de colectivos profesionales.

Q4. ¿Qué operaciones puede realizar?

Pueden realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las otras entidades de crédito autorizadas para captar depósitos, como bancos o cajas de ahorro, con atención preferente a las necesidades de sus socios.

Eso sí, el conjunto de las operaciones activas con terceros, es decir, no socios de la cooperativa de crédito, tiene que ser menor que el 50% de los recursos totales de la cooperativa de crédito.

No se computan en ese porcentaje:

·        Las operaciones realizadas con los socios de las cooperativas asociadas.

·        Las operaciones de colocación de los excesos de tesorería en el mercado interbancario.

·        Las operaciones de adquisición de valores y activos financieros de renta fija para la cobertura de los coeficientes legales o para la colocación de los excesos de tesorería.

Q5. ¿Existen grupos de cooperativas de crédito?

El artículo 78 de la Ley 17/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, establece el régimen jurídico del grupo cooperativo, que se define como “el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades.” Los requisitos para el establecimiento de un grupo cooperativo son:

–          Acordar la incorporación al mismo conforme a las reglas propias de la entidad que se adhiere.

–          Formalizar por escrito los compromisos asumidos, reflejándolo en los Estatutos o en otro documento contractual.

–          Realizar los trámites para que se refleje en una anotación en el Registro correspondiente.

Por otra parte, el artículo octavo de la Ley 13/1985, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero, contiene los supuestos para que un conjunto de entidades de crédito pueda ser considerado grupo consolidable a efectos del cumplimiento de los requerimientos de solvencia y recursos propios de las entidades de crédito. Estos supuestos son:

a)     Que una entidad de crédito controle, de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, a las demás entidades.

b)     Que la entidad dominante sea una entidad cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades de crédito.

c)     Que una empresa cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades financieras, una persona física, un grupo de personas físicas que actúen sistemáticamente en concierto, o una entidad no consolidable con arreglo a esta ley, controlen a varias entidades financieras, siendo al menos una de ellas una entidad de crédito y siempre que las entidades de crédito sean las de mayor dimensión relativa entre las entidades financieras, de conformidad con los criterios que establezca al efecto el Ministro de Economía y Competitividad.

d)     Que a través de un acuerdo contractual varias entidades de crédito integren un sistema institucional de protección con los requisitos que determina la ley.

Por último, hay que tener en cuenta que el Real Decreto Ley 2/2011 incluyó una serie de modificaciones a distintas normas fiscales para establecer el régimen fiscal de los Sistemas Institucionales de Protección. Así, el nuevo artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades define: qué es un grupo a efectos fiscales para la aplicación de las normas propias de la consolidación fiscal; qué entidades pueden formar parte del mismo; qué se entiende por sociedad dominante, y, en relación con las sociedades dependientes, establece que las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección se considerarán sociedades dependientes, si la puesta en común de los resultados se lleva a cabo al 100%

Q6. ¿Existe alguna obligación mínima de capital social?

Han de tener un capital mínimo, cuya cuantía se fija en función del ámbito territorial en el que vayan a actuar y del número de habitantes.

Q7. ¿Qué son las aportaciones de los socios de una cooperativa de crédito?

Todos los socios de una Cooperativa de Crédito deberán poseer, al menos, un título nominativo de aportación. Los Estatutos determinarán el valor nominal de esos títulos, que no será inferior a 60,10 euros, así como el número mínimo de títulos que deban poseer los socios, según la naturaleza jurídica y el compromiso de actividad asumido por éstos, dentro de los límites legales. Todos los títulos tendrán el mismo valor nominal.

El importe total de las aportaciones de cada socio no podrá exceder del 20 por 100 del capital social cuando se trate de una persona jurídica y del 2,5 por 100 cuando se trate de una persona física.

En ningún caso, las personas jurídicas que no tengan la condición de Sociedad Cooperativa podrán poseer más del 50 por ciento del capital social.

Q8. Los depósitos de socios y clientes en una cooperativa de crédito ¿están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos como pasa con los que se efectúan en los bancos y las cajas de ahorro?

Efectivamente.

Dos años después de la creación del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, y dado el crecimiento y la extensión de la actividad de las Cooperativas de Crédito y por razones de equidad y equiparación de trato se hizo necesario crear un Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito con la finalidad de proteger a los Depositantes, tal como establece la parte expositiva del Real Decreto-ley 18/1982, de 24 de diciembre, cuyo artículo segundo crea el mencionado Fondo.

La totalidad de las cooperativas de crédito españolas  han estado adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito. El Fondo se ha financiado mediante las aportaciones anuales de las propias cooperativas de crédito.

La cobertura para depósitos en bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito es exactamente la misma, ya que dichos fondos cubren los mismos supuestos, límites, forma, plazo y alcance. Así:

·         El importe garantizado máximo de los depósitos es de 100.000 euros por cada titular, con independencia del número y clase de depósitos que tenga en la cooperativa de crédito.

.         El importe garantizado máximo de los valores o instrumentos financieros confiados a  la entidad es independiente del anterior, y alcanza igualmente los 100.000 euros por cada inversor, al margen del número y clase de valores.

En octubre de 2011, mediante el Real Decreto-Ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, se han declarado disueltos el Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, el Fondo de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios y el Fondo de Garantía de Depósitos en Cooperativas de Crédito, cuyos patrimonios se han integrado en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

 Se crea dicho Fondo al objeto de garantizar los depósitos en entidades de crédito hasta el límite de 100.000 euros por depositante. Asimismo, el Fondo tendrá por objeto la realización de actuaciones que refuercen la solvencia y funcionamiento de una entidad en dificultades, en defensa de los intereses de los depositantes, del propio Fondo y del conjunto del sistema integrado por las entidades de crédito adheridas al mismo.

Todas las cooperativas de crédito españolas están adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de las Entidades de Crédito, por lo que sus depósitos cuentan con la cobertura del Fondo.

Q9. ¿Qué destino se da a los beneficios obtenidos por las cooperativas de crédito?

El destino de los beneficios de las cooperativas de crédito viene regulado por la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.

Así, los beneficios netos de las cooperativas de crédito del ejercicio (una vez cubiertas las pérdidas de ejercicios anteriores que no hubiesen podido ser absorbidas con cargo a los recursos propios, en el caso de que las hubiera, y deducidos los impuestos exigibles y los intereses al capital) se destinan a:

§  Al menos un 20% a dotar el Fondo de Reserva Obligatorio

§  Al menos un 10% a dotar el Fondo de Educación y Promoción
§  El resto queda a disposición de la Asamblea General, que podrá distribuirlo de la forma siguiente:

retorno a los socios, basado en los criterios estatutarios al respecto, dotación a fondos de reserva voluntarios o análogos, que solo serán disponibles previa autorización de la autoridad supervisora, y, en su caso, participación de los trabajadores.

Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento del coeficiente de solvencia y de la normativa aplicable a los tres primeros años de existencia de una Cooperativa de Crédito.

Q10. ¿Qué normativa es de aplicación a las cooperativas de crédito?

La naturaleza mixta determina la necesidad de clarificar la legislación que les resulta aplicable. Así, se ha determinado que las cooperativas de crédito deban someterse a la legislación básica estatal y, en su caso, autonómica de desarrollo de la anterior sobre entidades de crédito en lo que sea actividad financiera de la cooperativa y a la legislación estatal o autonómica en lo que se refiere a su actividad como cooperativa.

El conjunto de normativa estatal, de carácter financiero, representa el resultado del ejercicio de la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases de la ordenación del crédito y banca. Así la citada normativa no ofrece una regulación completa y exhaustiva de todos los aspectos de las cooperativas de crédito, sino tan solo establece las bases del régimen jurídico de dichas instituciones, en cuanto entidades de crédito, que al Estado corresponde dictar al amparo del artículo 149.1. 11ª de la Constitución.

Así, les son de aplicación, entre otras, las siguientes normas:

·         Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.

·         Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito.
·         Ley26/1988, de 29 de julio, de disciplina e Intervención de las entidades de crédito.

·         Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito

·         Normativa en materia de solvencia y recursos propios de las entidades de crédito.

·         Normativa en materia de contabilidad para las entidades de crédito.

·         Los balances y cuentas de resultados anuales auditados por personas y con los requisitos establecidos en la Ley 19/1988, de 12 de Julio, de Auditoría de Cuentas.

Por otra parte, son Sociedades Cooperativas, por lo que les es de aplicación supletoria la legislación de cooperativas, bien sea estatal o autonómica, en función del ámbito de actuación recogido en los respectivos Estatutos, del capital social y de la actividad cooperativizada realizada a nivel estatal o inferior. La legislación estatal está representada por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas y, desde el punto de vista autonómico, todas las Comunidades Autónomas han asumido competencias en materia de cooperativas.

Q11. ¿Por qué se ha puesto de moda el back to basic en las entidades financieras?

Aunque se ha puesto de moda el back to basic, es decir volver al negocio tradicional de la banca, la concesión de créditos y captación de depósitos, desde la cooperativas de crédito no podemos retornar a ese punto, porque es nuestro origen. Una cooperativa de crédito se caracteriza por la proximidad al socio y al cliente, el conocimiento del medio socioeconómico en el que desarrollan su actividad y la vinculación territorial y sectorial.

Precisamente, la vinculación territorial viene demostrada por las cuotas de mercado del sector de cooperativas de crédito. Si bien las cuotas de mercado a escala nacional, muestran que este sector se sitúa por detrás de bancos y cajas de ahorros, los resultados del análisis son distintos cuando se analiza a escala provincial, donde aparecen datos espectaculares, superando las cooperativas de crédito en varias provincias el 20% de la cuota de mercado tanto en depósitos como en créditos.

Q12. ¿Es lo mismo una entidad de crédito cooperativo que una cooperativa de crédito?

La expresión entidad de crédito cooperativo no tiene una definición jurídica concreta, ni se trata de un término acuñado en la terminología financiera. Únicamente se trata de una expresión utilizada por algunos autores para englobar realidades muy distintas como pueden ser los bancos cooperativos o las cooperativas de crédito e incluso las secciones de crédito de las cooperativas y que entendemos que en algunos casos puede inducir a error.

Debe advertirse que, en el ámbito europeo, las cooperativas de crédito suelen utilizar la denominación de Bancos Cooperativos (Co-Operative Bank) o incluso la de Bancos (Bank), como es el caso del holandés Rabobank. Sin embargo, en España la única denominación legal aceptada es la de cooperativa de crédito, aunque comercialmente pueda hablarse de banca cooperativa. De hecho, la Unacc es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Bancos Cooperativos (European Association of Co-Operative Banks, (EACB).

Q13. ¿Están sometidas las cooperativas de crédito a la supervisión bancaria?

La finalidad básica de la supervisión bancaria es salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se ha de vigilar la solvencia y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito. Desde ese punto de vista, la función supervisora del Banco de España consiste en diseñar y aplicar sistemas de análisis y verificación que permitan mantener un conocimiento actualizado de la situación de las entidades y su perfil de riesgos, como base para la adopción de medidas que ayuden a prevenir y permitan reducir el número, importancia y coste de las eventuales crisis que puedan surgir.

Así, el Banco de España es el supervisor de las cooperativas de crédito que quedan sometidas, al igual que el resto de entidades de crédito, a su inspección, supervisión y régimen sancionador.

A esto se une que a finales de 2012, los ministros de economía y finanzas de la zona euro pusieron los cimientos para la creación de un mecanismo único de supervisión, que otorgará al Banco Central Europeo (BCE) la supervisión directa de las entidades, en principio, a partir de 2014. Se encargará de supervisar a los bancos nacionales y los que tengan activos superiores a los 30.000 millones de euros.

Q14. ¿Cuál es la estructura de gobierno de las cooperativas de crédito?

Los órganos sociales de las cooperativas de crédito son la Asamblea General y el Consejo Rector. La Asamblea General equivale a la Junta General de Accionistas de las sociedades de capital y el Consejo Rector de las Cooperativas de crédito sería similar al Consejo de Administración de una compañía.

Q15. ¿Qué es una sección de crédito?

Es una parte de cualquier cooperativa, excepto de las cooperativas de crédito, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa. La posibilidad de su existencia habrá de estar prevista en los Estatutos de la cooperativa y siempre limitará sus operaciones activas y pasivas a la propia cooperativa y a sus socios. La única operación con terceros distintos de la propia cooperativa o sus socios es la rentabilización de sus excesos de tesorería a través de entidades financieras. Además tienen un límite en cuanto al volumen de sus operaciones activas que en ningún caso podrán superar el 50% de los recursos propios de la cooperativa.

La cooperativa de la que forma parte la sección de crédito, por el hecho de tenerla, está obligada a auditar sus cuentas anuales.

Por tanto, se trata de una figura totalmente diferente a una cooperativa de crédito y tales secciones de crédito no tienen la naturaleza de entidades de crédito. Así mientras las Cooperativas de Crédito son supervisadas por el Banco de España o gozan del mecanismo de garantía del Fondo de Garantía de Depósitos, las secciones de crédito no.

Q16. ¿En qué momento nacen las cooperativas de crédito?

El nacimiento de este sector financiero se remonta a finales del siglo XIX. El común denominador en torno al cual nacen las cooperativas de crédito ha sido la actividad empresarial, ya sea agrícola y ganadera, tanto en el ámbito rural, industrial o urbano, así como la actividad profesional, dando lugar a las cajas rurales y a las cooperativas de crédito populares y profesionales.

Este común denominador de actividad empresarial y profesional les ha permitido adquirir una vocación universal y revelarse como las entidades de crédito que mejor conocen el auténtico negocio de intermediación minoritaria.

Q17. ¿Por qué las cooperativas de crédito participan en la creación de SIP cuando esta es una figura pensada para afrontar la actual crisis en las cajas de ahorro?

La regulación de los SIP nace al margen de la crisis de crédito. Se forja  a raíz de las peticiones de la banca cooperativa alemana. El problema es que los SIP nacieron al ordenamiento jurídico español como una escueta transposición de una regulación europea, procedente de la banca cooperativa, que pretendía sin más aspiración, que la ponderación de los riesgos internos al mismo fuera del 0%.

La historia de la regulación española de los SIP va desde un cierto desinterés de las autoridades económicas en su regulación y un consciente “pasar de puntillas” sobre esta forma de integración hasta una regulación más o menos completa de este mecanismo como forma especial de integración, especialmente de las cajas de ahorros, lo que no ha podido evitar que los orígenes cooperativos hayan quedado ciertamente desvirtuados o desdibujados al intentar acomodarlo a un tipo muy peculiar de entidades de crédito para las que originariamente no había estado pensado.

Q18. ¿Qué particularidades caracterizan al gobierno corporativo?

Una cooperativa de crédito en su vertiente cooperativa basa parte de su regulación en los valores y principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), en los que destaca el principio democrático. Esto provoca que las cooperativas de crédito sean particulares por tres motivos:

·  La falta de relevancia del capital social para la atribución y distribución de los derechos sociales

·  Se intenta impedir que un solo socio controle la cooperativa.

 · Por último, ciertas previsiones que tratan de potenciar la participación de los socios en la Asamblea.

Q19. ¿Las cooperativas de crédito tienen la obligación de constituir algún Fondo?

Efectivamente, de acuerdo con la legislación cooperativa, dos son los Fondos obligatorios.

En primer lugar, el FRO, esto es, el Fondo de Reserva Obligatorio, destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la cooperativa, que es obligatorio y de carácter irrepartible y que estará dotado, al menos, con el 20 por 100 de los excedentes disponibles y con las demás cantidades que, preceptivamente, deban destinarse al mismo según la normativa autonómica o los Estatutos.

En segundo lugar, debe constituirse el FEP,  que responde a  las siglas del Fondo de Educación y Promoción, que configura la labor social de las cooperativas de crédito a favor de la formación, la educación, la promoción de los valores cooperativos y el desarrollo cultural, profesional y asistencial y la protección medioambiental  de la comunidad.

Se trata de un fondo inembargable e irrepartible  regulado en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas que ha de aplicarse a actividades que cumplan alguna de las siguientes finalidades:

§ La formación y educación de los socios y trabajadores en los principios y valores cooperativos, o en materias específicas de su actividad societaria o laboral y demás actividades cooperativas.

§ La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las relaciones intercooperativas.

§ La promoción cultural profesional y asistencial del entorno local o de la comunidad en general, así como la mejora de la calidad de vida y del desarrollo comunitario y las acciones de protección medioambiental.

Se nutre, como mínimo, de los beneficios de la cooperativa de crédito, que ha de destinar anualmente al menos un 10% de su beneficio neto, y de las sanciones económicas que la cooperativa imponga a sus socios.

El importe del fondo que se haya aplicado o comprometido en la realización de las actividades permitidas deberá invertirse en cuentas de ahorro o en títulos de Deuda Pública del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuyos rendimientos financieros se aplicarán al mismo fin.

Q20. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener y conservar la autorización de una cooperativa de crédito?

Dado que las cooperativas de crédito son entidades de crédito se encuentran sometidas a un régimen de especial intervención administrativa, al igual que los bancos y las cajas de ahorros. Así, deben ser autorizadas  para operar como entidad de crédito  por el Banco de España, que además se encarga del régimen de control, supervisión y sanción.

Para obtener y conservar la autorización es necesario, entre otros, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

· Autorización del Banco de España  previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia.

· Revestir la forma de sociedad cooperativa, contando con el capital social mínimo exigible o disponer en todo momento de unos recursos propios no inferiores a dichas cuantías y limitar estatutariamente el objeto social a las actividades propias de una entidad de crédito,

· Contar con una buena organización administrativa y contable y con procedimientos de control internos adecuados.

· Contar con un Consejo Rector formado, al menos, por cinco miembros, dos de los cuales podrán ser no socios. Todos ellos serán personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional, deberán poseer conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones y estar en disposición de ejercer un buen gobierno de la entidad. Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir también en los directores generales o asimilados, así como en los responsables de las funciones de control interno y otros puestos clave para el desarrollo diario de la actividad de la entidad, conforme establezca el Banco de España.·         Contar con procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales

·   Inscripción en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de España

·   Inscripción en el Registro Mercantil

·   Inscripción en el Registro de Cooperativas, estatal o autonómico.

Q21. ¿Cuáles son los aspectos claves de la configuración de las cooperativas de crédito?

Tienen varias características claves: su naturaleza mixta, la existencia de ámbitos competenciales distintos, su estructura de gobierno y su estructura de capital. Al ser entidades de crédito, las cooperativas de crédito pueden realizar toda clase de operaciones activas y pasivas, y de servicios, con atención preferente a las necesidades de sus socios. Así, las operaciones activas con terceros no pueden alcanzar el 50% de los recursos totales de la entidad.

Q22. ¿Se pueden presentar quejas y reclamaciones por la operativa bancaria de las cooperativas de crédito?

Si los socios o clientes tienen alguna queja o reclamación por alguna actuación concreta de una cooperativa de crédito pueden, sin duda alguna, reclamar. Los motivos de la reclamación de cualquier persona física o jurídica deben estar relacionados con cuestiones que le afecten en sus intereses y derechos reconocidos en el contrato que ha firmado con la cooperativa de crédito, en la normativa de transparencia y protección del cliente, en las buenas prácticas bancarias (las razonablemente exigibles para la gestión responsable del negocio) o en los usos bancarios (aceptados como normales en cada plaza).

Las cooperativas de crédito están dotadas de los órganos adecuados para la resolución de este tipo de conflictos, mediante:

·  El Departamento o Servicio de Atención al Cliente cuya existencia es legalmente obligatoria. Es un departamento interno y especializado que debe tener la autonomía necesaria para decidir sobre los conflictos.

·  El Defensor del Cliente. Es un órgano externo a la entidad y su creación es voluntaria. Actuará con independencia de la entidad y total autonomía.

Como paso siguiente, el cliente puede acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, salvo si se trata de cuestiones referidas a la prestación de servicios de inversión (fondos de inversión o valores), en cuyo caso deberá acudir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores o si se trata de materias relacionadas con seguros y fondos de pensiones a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Por supuesto, el cliente siempre puede acudir a los Tribunales.

Q23. ¿Cuáles es la función del Servicio de atención al cliente de una cooperativa de crédito?

El Servicio de atención al cliente de una cooperativa de crédito es un departamento especializado del que deben disponer obligatoriamente las entidades de crédito y, por tanto las cooperativas de crédito, para atender y resolver las quejas que presenten sus clientes. Las entidades que pertenezcan a un mismo grupo pueden disponer de un único Servicio de Atención al Cliente para todo el grupo.

Q24. ¿Qué reparto de competencias existe entre el estado y las comunidades autónomas cuando se habla de cooperativas de crédito?

En lo que se refiere al reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, existe una gran homogeneidad, ya que todas las CCAA han asumido la competencia exclusiva de las cooperativas. Por otro lado, en materia de ordenación del crédito, banca y seguros, corresponde al Estado dictar la legislación básica y las comunidades autónomas el desarrollo legislativo y su ejecución.

Q25. ¿Qué es una Junta preparatoria?
Con el objetivo de potenciar la participación de los socios en la Asamblea General, un mecanismo que trata de conseguirlo es la desconcentración de la Asamblea en dos fases: Las Juntas preparatorias y las Asambleas de Delegados.

Esta desconcentración supone que los socios se reúnen primero en cada una de las juntas preparatorias a las que están adscritos para votar sobre los puntos del orden del día y designar delegado.

La normativa de cooperativas de crédito exige un quórum determinado en primera y segunda convocatoria en función del número de socios adscritos a cada Junta.

Q26. ¿Qué es la Asamblea de Delegados de una Cooperativa de crédito?

Con el objetivo de potenciar la participación de los socios en la Asamblea General, un mecanismo que trata de conseguirlo es la desconcentración de la Asamblea en dos fases: Las Juntas preparatorias y las Asambleas de Delegados.

Esta desconcentración supone que los socios se reúnen primero en cada una de las juntas preparatorias a las que están adscritos para votar sobre los puntos del orden del día y designar delegado.

Posteriormente, esos delegados designados se reunirán en Asamblea que deliberará y tomará los acuerdos sobre la base expresada por los socios en las previas juntas preparatorias.

Q27. ¿Cuál es la función del Servicio de reclamaciones del Banco de España?

El Servicio de Reclamaciones del Banco de España se ocupa de atender las quejas o reclamaciones de los usuarios de servicios bancarios que no se consideran debidamente atendidos por el Servicio de atención al cliente o, en su caso, el Defensor del cliente de una entidad financiera. Los dictámenes del Servicio de Reclamaciones no son jurídicamente vinculantes para las entidades, pero un alto porcentaje de ellos son cumplidos.